RECONOCIENDO la importancia de las áreas protegidas bien gestionadas para reducir la pérdida de biodiversidad y patrimonio geológico, preservar ecosistemas intactos, conservar la geodiversidad, los procesos geológicos y el patrimonio geológico, contribuir a los medios de vida, mitigar el cambio climático y adaptarse a él;

CONSCIENTE de la necesidad de entender y conservar la riqueza de geodiversidad y patrimonio geológico del planeta y de tenerla en cuenta en las áreas protegidas, como avalan las Resoluciones 4.040 Conservación de la geodiversidad y el patrimonio geológico (Barcelona, 2008) y 5.048 Conservación y valorización del patrimonio geológico mediante el Programa de la UICN 2013-2016 (Jeju, 2012);

RECORDANDO la Promesa de Sídney, a saber, “Prometemos VIGORIZAR … nuestros esfuerzos para garantizar que las áreas protegidas no retrocedan sino que avancen”;

RECONOCIENDO la nueva tendencia mundial hacia la rebaja de categoría, reducción y desprotección jurídica de áreas protegidas (protected area downgrading, downsizing and degazettement, PADDD por sus siglas en inglés) –procesos jurídicos mediante los cuales se atenúan las restricciones en las áreas protegidas, se reducen sus límites o se deroga su estatuto de protección;

OBSERVANDO que al menos 73 países han autorizado 3.749 actuaciones de PADDD en áreas protegidas terrestres y marinas, incluidos sitios del Patrimonio Mundial, con efectos en una superficie de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, que la mayoría de ellas están relacionadas con la extracción de recursos naturales a escala industrial y el desarrollo, y que la PADDD puede acelerar la degradación ambiental;

CONSCIENTE de la existencia de proyectos turísticos y de otros proyectos de desarrollo que, aunque redunden en una disminución de la extensión de hábitats naturales y/o seminaturales, no necesariamente se citan como casos de PADDD;

RECORDANDO que la Recomendación 6.102 Áreas protegidas y otras áreas importantes para la biodiversidad en relación con las actividades industriales y el desarrollo de infraestructura perjudiciales para el medio ambiente (Hawai‘i, 2016), “EXHORTA a los gobiernos a no desclasificar, rebajar la categoría o alterar los límites de ninguna de las categorías de áreas protegidas para facilitar las actividades industriales y el desarrollo de infraestructura perjudiciales para el medio ambiente”;

RECORDANDO TAMBIÉN que la Recomendación 6.102 también “INSTA a las empresas, los organismos del sector público, las instituciones financieras (incluidos los bancos de desarrollo), los órganos de certificación competentes y los grupos industriales pertinentes a que no realicen, financien ni inviertan en actividades industriales y el desarrollo de infraestructura que sean perjudiciales para el medio ambiente en áreas protegidas o de especial importancia para la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas consideradas esenciales por los gobiernos para la consecución de las Metas de Aichi para la Biodiversidad o que tengan un impacto negativo sobre dichas áreas, y a que adopten compromisos públicos al respecto”; y

RECONOCIENDO ADEMÁS la necesidad de considerar la PADDD caso por caso, ya que es posible que algunos cambios jurídicos no socaven los objetivos de conservación, por ejemplo los esfuerzos para restaurar los derechos a la tierra de comunidades indígenas y locales o las iniciativas para mejorar la eficacia general de una red de áreas protegidas;

RECORDANDO que la geodiversidad es un importante factor natural que condiciona y sustenta la diversidad biológica, cultural y paisajística y también es un parámetro destacado a tener en cuenta en la conservación, evaluación y gestión de áreas protegidas; y

RECORDANDO TAMBIÉN que el patrimonio geológico es un elemento constitutivo e inseparable del patrimonio natural y que posee valores culturales, estéticos, paisajísticos, económicos e intrínsecos que es necesario conservar y transmitir a las generaciones futuras;