INSTA a los Estados a:

a. reconocer los delitos contra el medio ambiente como delitos graves en el ámbito de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) cuando el delito tiene carácter transnacional y esta implicado un grupo delictivo organizado;

b. cumplir plena y eficazmente sus obligaciones con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), así como los compromisos contraídos en virtud de la Convención sobre las Especies Migratorias (CEM), la Convención de Berna, la Directiva de la Unión Europea (UE) sobre los delitos contra el medio ambiente, la Directiva de Aves de la UE y otros instrumentos, y a valerse más eficazmente de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para reforzar las capacidades nacionales y la cooperación a fin de prevenir y combatir el tráfico de vida silvestre, madera y minerales, así como los delitos ambientales y la corrupción y el blanqueo de dinero asociados a ellos, todo lo cual puede facilitar la comisión de dichos delitos;

c. adoptar y aplicar, cuando sea necesario, normas jurídicas nacionales, regionales e internacionales que establezcan sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para los delincuentes, así como la responsabilidad de las personas jurídicas por tales delitos, la indemnización civil y la restauración del hábitat por los daños ocasionados al medio ambientales y a las víctimas;

d. mejorar la capacidad nacional de aplicación de la ley para llevar a cabo investigaciones y operaciones transnacionales destinadas a desarticular las redes delictivas que se dedican al tráfico de vida silvestre, madera y otros bienes ambientales en todo el mundo;

e. reforzar la organización de los marcos reglamentarios, en particular los relacionados con la corrupción, el blanqueo de dinero, la delincuencia organizada, las armas de fuego, el derecho laboral y el terrorismo, para reconocer los vínculos entre el tráfico de vida silvestre, madera y minerales, y otras formas de delincuencia;

f. alentar, proteger y, en general, apoyar activamente a los denunciantes que estén dispuestos y preparados para proporcionar la información necesaria para enjuiciar delitos ambientales;

g. promover, cuando proceda y lo permita la legislación aplicable, el establecimiento, con la formación y los recursos adecuados, de entidades nacionales integradas responsables de la lucha contra el tráfico de vida silvestre, madera y minerales, conformadas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los servicios de aduanas, los organismos de medio ambiente, los fiscales y ONG;

h. desarrollar la investigación especializada, con medios y capacidades suficientes, y reforzar la cooperación internacional para desmantelar las redes delictivas implicadas, rastreando toda la cadena de suministro, teniendo en cuenta la corrupción que facilita el cruce de fronteras, e investigando los flujos financieros ilícitos;

i. reforzar la formación y especialización de las autoridades policiales y judiciales para fortalecer su capacidad para detectar, investigar y enjuiciar los delitos ambientales; y

j. apoyar activamente a los organismos internacionales especializados para aumentar la cooperación, desarrollar los datos y la vigilancia y desmantelar las redes implicadas en el tráfico de especies silvestres, madera y minerales; y

2. PIDE a los miembros del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre, la UICN, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), en estrecha asociación con la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA), y todas las entidades pertinentes de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales y regionales, que intensifiquen la cooperación y la coordinación interinstitucional internacional en el apoyo prestado a los Estados en sus esfuerzos por prevenir y combatir los delitos ambientales, incluso elaborando estadísticas y análisis de las tendencias relacionadas con estos delitos y prestando asistencia técnica y fortaleciendo la capacidad de los Estados para desmantelar eficazmente y enjuiciar a las redes involucradas en delitos ambientales.